Las medidas estatales y federales sobre plásticos crearon un único problema de coordinación nacional.
En México avanzaban prohibiciones e impuestos a los plásticos en el ámbito de la política pública estatal y federal. Las distintas medidas podían crear requisitos contradictorios para los envases y el reciclaje. El equipo nacional de Public Affairs necesitaba entenderlas como un solo portafolio y no como una serie de hechos locales aislados.
Las relaciones y el conocimiento local necesarios para responder estaban dispersos. El equipo central se concentraba en la Ciudad de México. En la estructura más amplia del país, siete grupos embotelladores tenían buena parte del contexto estatal y del historial de relacionamiento. Cada uno trabajaba con prácticas distintas. El equipo nacional no podía ver de forma consistente qué hacían los socios, cómo se conectaban los temas críticos ni dónde hacía falta una respuesta coordinada.
TSC conectó las señales de política pública, los stakeholders y la actividad de los socios.
El trabajo comenzó con un modelo común de los temas críticos, las organizaciones y las personas que moldean la política pública sobre plásticos. Los hechos estatales y federales podían vincularse con organismos de gobierno, ONG, redes de incidencia y los responsables internos de cada relación. Los equipos locales y los socios embotelladores aportaron registros de relacionamiento. TSC estructuró esos registros junto con los riesgos y las oportunidades de política pública en los que podían influir.
El resultado fue una vista nacional de los riesgos emergentes, las posiciones de los stakeholders, la cobertura de las relaciones y la actividad de los socios. TSC mantenía la estructura compartida y la inteligencia recurrente. Los usuarios con acceso completo trabajaban con el registro de relaciones de base. Los altos directivos recibían newsletters y reportes sin necesidad de operar la plataforma directamente.
A medida que la capacidad se desarrolló, un reporte mensual de stakeholders mantuvo visibles las relaciones con legisladores y el historial de relacionamiento. Un dashboard de relaciones mostraba el estado de los vínculos con los socios embotelladores. Los mismos datos sirvieron para identificar riesgos, analizar stakeholders, detectar oportunidades y elaborar reportes basados en evidencia.
Una campaña sobre plásticos se convirtió en una capacidad de política pública reutilizable.
El equipo nacional podía coordinar las redes locales a partir de un panorama común. Podía ver qué riesgos de política pública estaban surgiendo, qué stakeholders importaban y cómo se relacionaba la actividad de los socios con la campaña general. El registro compartido también le dio al equipo nacional una vista consistente de lo que hacían los socios embotelladores.
La capacidad respaldó el trabajo de la empresa con el gobierno, las ONG y las redes de incidencia en torno a los argumentos sobre la reciclabilidad del PET.
El activo perduró más allá de la cuestión inmediata de los plásticos. La empresa conservó un registro de varios años que conecta los riesgos de política pública, los stakeholders, la actividad de los socios y el historial de relacionamiento. Podía reutilizar ese contexto en los reportes recurrentes legislativos, de relaciones y para la dirección, en lugar de reconstruir la red para cada tema crítico.
